La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso gratuito a medicamentos esenciales para jubilados representa un grave retroceso en derechos adquiridos. A partir de ahora, solo podrán acceder a este beneficio quienes perciban ingresos menores a 1,5 jubilaciones mínimas, lo que excluye a una amplia franja de adultos mayores que viven en situaciones económicas vulnerables pero no cumplen con los estrictos requisitos impositivos.
Esta medida afecta de manera directa a quienes dependen de estos medicamentos para tratar enfermedades crónicas y mantener una calidad de vida digna. En un contexto de alta inflación y costos elevados en salud, la decisión implica una carga económica insostenible para muchos jubilados, quienes se ven obligados a elegir entre comprar medicamentos o cubrir otras necesidades básicas.
Además, el proceso para solicitar subsidios adicionales se torna engorroso y poco accesible, sobre todo para personas mayores con dificultades tecnológicas o limitaciones físicas. Esto no solo burocratiza un derecho fundamental, sino que aumenta las barreras para obtener un beneficio esencial que debería garantizarse sin condiciones restrictivas.
La decisión contradice los principios de equidad y justicia social, esenciales en un país que reconoce la salud como un derecho universal. Estas políticas evidencian un desinterés por la protección de los sectores más vulnerables, priorizando ajustes económicos por encima del bienestar de los jubilados, quienes ya han contribuido a toda su vida al sistema.
Reclamamos al gobierno que revea esta medida y priorice a quienes más lo necesitan. Los medicamentos gratuitos no son un privilegio, sino un derecho que debe estar garantizado para asegurar una vejez digna y saludable.
