Texto Red Encuentro / Foto Gustavo-Molfino
El gobierno nacional ha vuelto a demostrar que su modelo político y económico solo cierra con represión.
En una nueva muestra de autoritarismo, las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich Pueyrredón, llevaron adelante una brutal represión contra jubilados y jubiladas que se manifestaban legítimamente en defensa de sus derechos.
Jubiladas y jubilados, acompañados por miles de compatriotas, intentaban hacer oír su voz ante el ajuste feroz que están sufriendo, pero el gobierno eligió la violencia como respuesta.
Las imágenes de la represión son elocuentes: golpes, gases, detenciones arbitrarias y hasta autos sin identificación utilizados por las fuerzas para reprimir. Un accionar que nos recuerda a los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, donde la protesta social era criminalizada y la represión estatal se convertía en el único mecanismo de diálogo. ¿Es este el país que quiere construir el gobierno de Milei?
Uno donde el miedo sustituya a la participación, y donde reclamar derechos sea un delito.
Reprimir a los jubilados es de una cobardía inmensa.
Son quienes han trabajado toda su vida y que, en lugar de recibir el reconocimiento del Estado, hoy ven cómo les recortan sus ingresos, les quitan acceso a medicamentos y ahora, encima, los castigan por reclamar. En cualquier sociedad que se precie de democrática, los sectores más vulnerables son protegidos, no atacados. Pero este gobierno ha demostrado que la única herramienta que tiene ante el descontento popular es la represión.
Nada de esto es nuevo para Patricia Bullrich Pueyrredón, la misma que en 2001, como ministra del gobierno de la Alianza, recortó un 13,5% las jubilaciones y los salarios estatales en plena crisis social. Veinticuatro años después, vuelve a ser protagonista de un ajuste brutal contra los sectores más vulnerables, esta vez respaldada por la violencia estatal. La historia se repite.
El uso de la violencia estatal no es casual. Es una decisión política y es un mensaje claro: el ajuste se impone con palos y balas de goma. Porque no hay manera de justificar un modelo de exclusión sin reprimir a quienes lo sufren. Ya lo vimos con los despidos masivos, el vaciamiento del Estado, el ataque a la educación y la salud pública. Ahora lo vemos con la violencia contra quienes se atreven a decir basta.
Pero la historia ha demostrado que la represión nunca frena la lucha del pueblo. Al contrario, la profundiza. Cada vez que un gobierno intentó acallar la protesta con violencia, terminó encontrándose con una sociedad que resiste, que se organiza y que sigue en las calles. Porque hay algo que este gobierno parece no entender: el pueblo argentino no se deja disciplinar con miedo.
Exigimos el cese inmediato de la represión y la renuncia de los responsables políticos de este accionar vergonzoso. Argentina no puede permitirse volver a épocas donde las calles se militarizaban para acallar el descontento. La democracia no se sostiene con balas de goma ni con gases lacrimógenos, sino con la garantía de derechos y el respeto a la protesta social.
No nos callamos. No nos disciplinan. No tenemos miedo. Seguimos en las calles porque defender a los jubilados es defender el futuro de todos y todas.
